Polémica en República Dominicana por un proyecto de ley que busca regular a las entidades religiosas

Un proyecto de ley sobre libertad religiosa y entidades religiosas reabrió el debate entre sectores evangélicos de República Dominicana, tanto por su contenido como por la forma en que se ha impulsado su presentación ante el Congreso Nacional.

La controversia surgió tras el anuncio de un grupo de pastores sobre su intención de llevar al Congreso una iniciativa que, según la información difundida, establecería controles a la creación de nuevas congregaciones. El anuncio coincidió con la presentación del Congreso Internacional de Actualización Ministerial (CIAMI 2026), previsto para los días 11 y 12 de diciembre. Los voceros fueron el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y el director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, el pastor Lorenzo Mota King.

Llamó la atención la ausencia de representantes del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE) y la Confraternidad Evangélica Dominicana (CONEDO), así como de concilios de amplia presencia, como las Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios, Inc.

Así lo señala el periodista Tomás Gómez Bueno, quien participó en la elaboración del proyecto original en 2007 en representación de CONACOPE. A su juicio, la forma en que se anunció la propuesta puede dar la impresión de que el surgimiento de nuevas iglesias quedaría sometido a controles oficiales, una perspectiva que considera incompatible con los principios que deben regir las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

La iniciativa tiene antecedentes en 2007, cuando el entonces diputado Carlos Peña presentó la propuesta al CODUE para establecer un marco jurídico para las relaciones de las iglesias no católicas con el Estado. El borrador inicial fue preparado por el abogado y pastor de las Asambleas de Dios Alejandro Santana, y luego revisado por un equipo multidisciplinario. Fue introducida en la Cámara de Diputados en octubre de 2007 con el impulso de Peña y de los legisladores Pedro Caro, Milcíades Franjul, Elso Martínez y Eugenio Cedeño. Sin embargo, encontró la oposición pública del Episcopado Dominicano y finalmente perimió.

En 2016, los senadores Manuel Antonio Paula y Edis Mateo Vázquez promovieron la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que, según Gómez Bueno, abordaba aspectos que no correspondían al Estado y no había sido consensuada con el liderazgo evangélico. En octubre de 2020, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana retomó los esfuerzos. Gómez Bueno asegura que pidió en varias ocasiones una asamblea representativa de líderes religiosos para discutir el contenido, pero nunca se realizó y el proyecto terminó entregado a Cedeño, quien luego anunció su reintroducción.

El pasado 15 de octubre, Cedeño (PRM-La Romana) volvió a presentar ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley que regula la libertad religiosa, de conciencia y de cultos. La propuesta se basa en el artículo 45 de la Constitución y contempla la creación de un Registro Nacional de Entidades Religiosas. En contraste con las críticas, la AEDO, presidida por el obispo Reynaldo Franco Aquino, reiteró en julio su respaldo al proyecto y lo calificó como una "herramienta de autorregulación impulsada por las propias iglesias".

Gómez Bueno plantea que las organizaciones y líderes evangélicos representativos convoquen un encuentro para examinar la iniciativa y que, de corresponder, se someta a vistas públicas. "La libertad religiosa no es patrimonio de un grupo de pastores, de una organización ni de un legislador", afirmó. Y agregó: "No se trata de reclamar privilegios, sino de garantizar igualdad de derechos, autonomía institucional y libertad religiosa para todos".