María Isidro, madre mexicana residente en Florida, fue expulsada del país tras acudir a una cita migratoria rutinaria. Su caso genera controversia por su historial sin antecedentes y sus intentos de regularización.

María Isidro, esposa de un pastor evangélico y madre de familia, fue deportada a México el pasado 11 de junio tras residir durante 27 años en Estados Unidos. La mujer, de origen mexicano, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria en Florida y trasladada a un centro de detención en Texas, desde donde fue enviada a Matamoros sin previo aviso a su familia.

De acuerdo con su hija, Daniella Isidro, la familia no fue informada anticipadamente de la deportación. Durante el proceso, Isidro fue esposada de muñecas, cintura y tobillos, y al llegar a México no se le ofreció la posibilidad de apelar ni se le presentó ante una autoridad judicial local. “Toda mi vida está en Florida”, declaró a medios locales entre lágrimas.

El caso ha generado amplia atención mediática, en parte por tratarse de una mujer sin antecedentes penales, que cumplía regularmente con las revisiones migratorias del ICE y había iniciado trámites para regularizar su estatus. En 2023, se le aprobó el formulario I-130, un paso fundamental en el proceso de legalización migratoria basado en vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Isidro tenía una orden final de deportación desde 2004, emitida tras no presentarse a una audiencia judicial. Aunque dicha orden fue suspendida en varias ocasiones por criterios discrecionales, la vocera Tricia McLaughlin afirmó que Isidro “agotó todos los recursos legales disponibles”, por lo que su expulsión fue ejecutada conforme a la normativa vigente.

La familia ha iniciado una campaña pública para visibilizar el caso y buscar apoyo para reabrir el diálogo con las autoridades migratorias. “Mi mamá nunca se escondió”, declaró su hija, quien espera que el compromiso legal demostrado durante años sirva para revalorar la decisión.

El caso vuelve a poner en el centro del debate las prácticas migratorias del país y el trato a personas con vínculos familiares y comunitarios sólidos en EE.UU., en un contexto donde las políticas de deportación siguen siendo objeto de controversia.