La participación de un pastor en la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella generó una controversia jurídica y política en Colombia. El pastor Eduardo Cañas, quien durante la ceremonia realizó una oración por el nuevo mandatario y por la nación, fue incluido en una demanda que cuestionó la presencia de expresiones religiosas en el acto oficial.
La acción judicial fue presentada por Omar Alberto Franco Becerra, quien sostuvo que la ceremonia habría vulnerado el principio de neutralidad religiosa. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá falló a su favor y ordenó que el presidente ofreciera una disculpa pública a nivel nacional.
Frente a la decisión, Eduardo Cañas defendió su participación y afirmó que no se avergüenza de haber orado por Colombia. Durante la ceremonia, el pastor pidió dirección, protección y sabiduría de Dios para las nuevas autoridades y para el país.
La controversia también abrió un debate sobre el alcance de la neutralidad religiosa en un Estado laico. En el acto oficial no participó únicamente un representante cristiano: también estuvieron presentes un sacerdote católico y un rabino, quienes realizaron oraciones por Colombia y sus autoridades.
El abogado de la Universidad Javeriana Álvaro Grajales cuestionó la interpretación de la neutralidad religiosa y señaló que la Constitución colombiana contempla la referencia a Dios en el juramento presidencial. En una publicación en X sostuvo que la laicidad no equivale al laicismo y consideró que la presencia de un rabino, un sacerdote y un pastor representa una expresión de pluralismo religioso.
El caso plantea así una discusión sobre los límites de la neutralidad religiosa en los actos oficiales y sobre la posibilidad de que distintas convicciones puedan expresarse en una sociedad plural sin que una de ellas sea impuesta sobre las demás.
Mientras continúa la controversia, el caso vuelve a poner en debate el lugar de la fe en la vida pública de Colombia y la expresión de las convicciones religiosas. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá estableció el 30 de septiembre como fecha límite para que el presidente Abelardo de la Espriella presente la disculpa pública a nivel nacional.
