El Gobierno de Colombia comunicó el 17 de septiembre de 2026 su decisión de retirarse de la Coalición por la Igualdad de Derechos LGBTI+, un mecanismo internacional integrado por gobiernos y organizaciones civiles de distintos continentes. La Cancillería explicó que la determinación fue adoptada luego de un análisis de las prioridades del Gobierno.
Colombia había ingresado a la coalición en diciembre de 2024, durante la presidencia de Gustavo Petro, y se convirtió entonces en el Estado número 45 en incorporarse al mecanismo. Posteriormente asumió la copresidencia junto con España para el período 2025-2027.
El encargado de explicar la decisión fue el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa. Según indicó, el análisis realizado por el Gobierno concluyó que la participación en la coalición no era prioritaria dentro de la agenda actual.
La Cancillería aclaró que la salida del mecanismo no implica modificaciones en las garantías legales internas para las personas LGBTI+. Según señaló Roa, esas garantías continúan respaldadas por la Constitución, las políticas públicas, las normas vigentes y las decisiones de la Corte Constitucional.
La decisión se produjo durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien, de acuerdo con el material, ha planteado una agenda centrada en la familia, la creencia en Dios y valores que considera esenciales para el país.
En ese contexto, el retiro de la coalición fue interpretado dentro del artículo como parte de una reorientación de las prioridades del Ejecutivo y de su política exterior respecto de la administración anterior.
La decisión generó distintas reacciones. Caribe Afirmativo, organización que participaba en la copresidencia de la sociedad civil por Colombia, manifestó su desacuerdo y lamentó que el país abandonara el mecanismo antes de completar su período de representación. La organización advirtió sobre posibles consecuencias para la participación internacional de Colombia en esta agenda, aunque reconoció que la decisión corresponde al Gobierno.
En sentido contrario, sectores cristianos celebraron el retiro y lo consideraron un ajuste de prioridades y una aproximación a valores que consideran fundamentales.
La salida de Colombia abre una nueva etapa en su participación dentro de este mecanismo internacional, mientras el Gobierno sostiene que la decisión no modifica las garantías legales vigentes dentro del país.
