La Unidad Intermedia del Condado de Chester (CCIU), en Pensilvania, Estados Unidos, aceptó retirar una política que impedía al personal escolar informar a los padres cuando un alumno utilizaba en el ámbito educativo un nombre o pronombres diferentes de los asociados a su sexo biológico. La decisión fue anunciada por Alliance Defending Freedom (ADF), una organización jurídica conservadora.
El cambio llegó después de que ADF y el Independence Law Center (ILC) enviaran en mayo una carta al director ejecutivo de la institución, George F. Fiore. Las organizaciones actuaron en nombre de un cliente vinculado a Brandywine Virtual Academy y solicitaron la derogación inmediata de la Política 103.2, además de una comunicación escrita al personal para dejar sin efecto las instrucciones anteriores.
La normativa establecía que docentes y empleados no debían revelar a otras personas la condición transgénero o la identidad de género de un estudiante cuando no coincidiera con su sexo biológico. La restricción incluía expresamente a los padres, tutores y otros trabajadores de la unidad, salvo que existiera una obligación legal o que el propio alumno autorizara la divulgación.
Al mismo tiempo, la política exigía utilizar el nombre y los pronombres elegidos por cada estudiante. La negativa deliberada o reiterada a cumplir con esa disposición podía considerarse una infracción.
Según ADF, la institución también mantenía una base de datos que registraba si los padres conocían la transición social de sus hijos en el entorno escolar. De acuerdo con la organización, ese sistema permitía al personal identificar los casos en los que debía mantener la información en reserva. Las entidades que cuestionaron la norma afirmaron que su incumplimiento podía derivar en sanciones disciplinarias.
En la carta enviada a la dirección de la CCIU, ADF e ILC sostuvieron que la política afectaba la libertad de expresión y la libertad religiosa de los empleados que se oponían a utilizar nombres o pronombres que no correspondieran al sexo biológico de los menores. También argumentaron que la medida entraba en conflicto con los derechos de los padres en la educación de sus hijos.
El abogado sénior de ADF, Tyson Langhofer, pidió a las instituciones educativas que abandonaran lo que describió como una “experimentación peligrosa” con menores. Según su postura, las escuelas deben respetar los derechos de las familias en materia de educación y protección de la salud de sus hijos.
El artículo también sitúa la decisión en un contexto de disputas judiciales sobre estas políticas. En marzo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló por seis votos contra tres en contra de una normativa similar de las escuelas públicas de California, en el caso Mirabelli v. Bonta.
Además, un informe publicado en 2023 por la organización Parents Defending Education contabilizó más de 1.000 distritos escolares, con más de 10 millones de alumnos, que permitían o recomendaban al personal no informar a los padres cuando sus hijos querían identificarse como transgénero o no binarios.
