El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó en el centro de la controversia tras la difusión de imágenes de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y otros ministros participando en rituales de carácter chamánico. Las ceremonias se llevaron a cabo en distintos escenarios, entre ellos la zona arqueológica de Cuicuilco, la sede del máximo tribunal y la explanada del Zócalo capitalino, donde los jueces recibieron bastones de mando e invocaron a deidades y espíritus prehispánicos.
Diversos sectores señalaron que este acto constituye una violación al principio de Estado laico consagrado en la Constitución y respaldado por la Ley de Libertad de Cultos, emitida en 1860 durante el gobierno de Benito Juárez. La norma establece que los funcionarios, en su carácter oficial, no pueden participar en ceremonias religiosas.
Además, especialistas y críticos advirtieron que estas prácticas no representan fielmente la cosmovisión indígena, sino que constituyen una reinterpretación espiritualista contemporánea presentada bajo el disfraz de tradiciones prehispánicas. “No es un rescate de la cultura ancestral, sino una suplantación que confunde a la sociedad y erosiona la legitimidad de las instituciones”, señalaron.
El hecho generó un amplio debate sobre los límites entre libertad religiosa y el deber de neutralidad de las instituciones del Estado, reavivando la discusión sobre el respeto al laicismo en la vida pública mexicana.
