La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras expresó su “profundo malestar” ante la presencia del embajador de Israel, Nadav Goren, en una actividad organizada por la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) en La Ceiba, Atlántida. El acto incluyó una caminata y declaraciones que tocaron temas políticos sensibles, lo que generó acusaciones de injerencia diplomática.
En un comunicado oficial, la Cancillería calificó la presencia del embajador como un “irrespeto e injerencia en los asuntos internos del Estado”. En respuesta, Goren afirmó que asistió por invitación formal y que su país mantiene relaciones con diversos sectores religiosos de Honduras, tanto evangélicos como católicos.
El trasfondo de esta controversia incluye la convocatoria a una gran marcha nacional bajo el lema “Caminamos con fe y esperanza”, prevista para el 16 de agosto, organizada conjuntamente por la CEH y la Conferencia Episcopal de Honduras. Aunque se ha asegurado que el acto será apolítico, se teme que se convierta en un escenario de críticas al Gobierno, en medio de una crisis institucional y con las elecciones generales cada vez más cerca.
Además, las tensiones aumentaron tras las declaraciones del presidente de la CEH, pastor Gerardo Irías, quien criticó duramente al partido gobernante Libre, comparándolo con “una carcoma que va carcomiendo todo” y calificando a la izquierda como “el mayor fracaso de países como Venezuela y Nicaragua”.
Estas palabras provocaron una fuerte reacción del oficialismo. El dirigente de Libre, Miguel Briceño, exigió públicamente la suspensión de la personería jurídica de la CEH, acusando al pastor Irías de ser un “mercenario de la fe”. Irías respondió que “una personería jurídica no nos detiene para predicar”.
La situación recuerda a lo sucedido en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado el estatus legal de cientos de iglesias y organizaciones cristianas. Solo en 2023, al menos 86 entidades evangélicas perdieron su personería jurídica y fueron objeto de confiscaciones y fuertes sanciones fiscales, en lo que diversos organismos internacionales catalogaron como una escalada de persecución religiosa.
La creciente confrontación entre el Gobierno hondureño y sectores religiosos plantea un escenario incierto para la libertad religiosa en el país y genera preocupación en la comunidad internacional.
